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ACUSACIÓN: Primero de los 22 “barrenadores” anunciados por el Presidente en Conferencia de Prensa.
Juan Manuel Quesada es acusado penalmente por “reorganización institucional”
Esta acusación no solo carece de sustento jurídico: roza el absurdo. Forzar una decisión administrativa para encajarla como delito contra la Hacienda Pública es una maniobra irresponsable que degrada el Derecho Penal y lo convierte en arma política. No hay robo, no hay beneficio personal, no hay desvío ilegal de fondos. No hay delito.
Pretender que una reorganización institucional del AyA constituya corrupción es una distorsión deliberada de la ley. Mejorar eficiencia no es crimen; criminalizar la gestión pública sí es un abuso.
Lo que aquí se observa no es una investigación seria, sino un uso temerario del aparato penal para generar escándalo y desgaste. Este tipo de prácticas no combate la corrupción: la trivializa, la vacía de sentido y debilita la credibilidad institucional.
La ciudadanía no necesita montajes jurídicos ni acusaciones infladas. Exige rigor, responsabilidad y respeto por el Estado de Derecho.
Imagen de los promotores de los nuevos ataques. Aún faltan 20 para cerrar el mes.

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