El desconexión fundamental entre el gobierno de los Estados Unidos y el público respecto al contrato social radica en la transición de un marco de "estado de derecho" a una burocracia de "regla de expertos". Esto comenzó con Obama, se armó durante Biden y no fue corregido por Trump. Históricamente, el contrato social americano se basaba en un conjunto de reglas estables y predecibles que se aplicaban por igual a todos, permitiendo a los individuos perseguir sus propios intereses dentro de un marco conocido. Sin embargo, la clase política moderna ve cada vez más el contrato social no como una garantía de proceso, sino como un mandato para resultados sociales específicos. Este cambio empodera a funcionarios no elegidos para eludir las restricciones constitucionales que originalmente estaban destinadas a proteger a la ciudadanía de los caprichos de quienes están en el poder. Cuando el gobierno trata la ley como un instrumento flexible para lograr "justicia social" o ingeniería económica, efectivamente descarta el consentimiento de los gobernados en favor de las visiones de los ungidos. Esta erosión del contrato tradicional crea un profundo sentido de traición entre el público, que se encuentra sujeto a costos y consecuencias que nunca autorizó. Mientras la intelectualidad en Washington opera con una "visión restringida", creyendo que posee el conocimiento superior para gestionar las vidas de millones, el ciudadano promedio enfrenta la realidad "sin restricciones" de la inflación creciente, escuelas en crisis y un sistema legal que a menudo prioriza los derechos de quienes rompen la ley sobre los de quienes la cumplen. La desconexión no es meramente un desacuerdo de políticas; es una diferencia fundamental en cómo los dos grupos perciben el papel del estado. Para el público, el contrato se rompe cuando el gobierno deja de ser un árbitro y comienza a intentar ser el director de la obra, especialmente cuando su dirección conduce a una serie de desastres predecibles, pero no reconocidos.