El Tribunal Supremo defendió la Constitución rechazando el uso de poderes "de emergencia" para imponer impuestos. Los aranceles son impuestos y el poder de declararlos pertenece al Congreso. Esto va más allá de este caso. Ninguna administración futura, incluida una socialista, podrá usar poderes de "emergencia" para sortear al Congreso y a los impuestos por decreto.